Creación de un Congreso Popular planetario y su administración de la planificación:
La creación y gestión de los valores básicos de una sociedad global planetaria, es decir después de la disolución de los distintos Estados, se debe organizar en un sistema mundial de manera global y gestionar a nivel local. Se tienen que estimar continuamente las necesidades de las personas, en naturaleza y cantidad, para poder garantizar las medidas consiguientes para un nivel de vida alto, universal, basado en los valores básicos. En general, la gestión del bien común se realiza en la sociedad de manera participativa. Qué tipo de bienes y servicios son necesarios está determinado por la sociedad (a nivel local). Desde el punto de vista pragmático, esta información se seguirá elaborando continuamente con encuestas participativas (electrónicas). El tipo y la cantidad de bienes y servicios solicitados se basan en las prioridades y la visión del mundo, determinadas por la educación, la estructura moral y de valores – y consecuentemente están ubicados dentro del marco de la escala de los respectivos valores básicos y del nivel de vida universal pertinente.
Una división del Planeta Tierra en unidades administrativas regionales/locales, pragmáticas y racionales, sustituye la fragmentación en estados artificiales que obstruye el desarrollo y fomenta los conflictos. En función de las ventajas comparativas de producción[1] se elaboran los bienes en determinadas regiones y, en su caso, se transportan a otras.
Elegido de manera participativa por la población, un Congreso Popular Planetario y su administración de planificación (= Consejo Social de Administración compuesto por los consejeros de administración a nivel regional y local), tiene las funciones, entre otras, de garantizar las áreas de la vida social definidas como bien común y llevar a cabo socialmente los valores básicos necesarios (estructura moral). A nivel planetario el Congreso Popular a través del Consejo Social de Administración tiene la responsabilidad también de asegurar la disposición suficiente en cantidad y calidad de los bienes y servicios pertenecientes al nivel de vida universal, para todas las personas. Para realizar esta tarea en la práctica, el Consejo de Administración de la sociedad está apoyado por los departamentos de producción y logística, que son supervisados por las respectivas comisiones técnicas.
El Congreso Popular y en concreto su administración de planificación (Consejo Social de Administración) comprende las denominadas comisiones técnicas específicas, que son responsables de garantizar y aplicar las directrices sociales. La comisión de Educación y Ética realiza en general la función más importante, ya que es instrumental, entre otras cosas, para la orientación y el desarrollo del progreso social y ético de la sociedad – y de hecho todas las demás áreas de la vida social derivan de las recomendaciones pertinentes (por ejemplo, bienes y servicios demandados, ciencia e investigación).
En cuanto al personal del Consejo de Administración de la sociedad y sus comisiones técnicas – como en el caso de los miembros a votar para el Congreso Popular – estarán necesariamente compuestos por representantes de todas las unidades administrativas regionales/locales. Además de expertos (técnicos) específicos que aconsejan técnicamente a los representantes regionales, los miembros del Consejo y de las Comisiones son determinados por las unidades regionales/locales. Se requiere que los candidatos que se presenten voluntariamente se expongan una vez cada dos años a un amplio debate público en sus respectivas regiones, y que después sean elegidos en una elección democrática participativa, recibiendo una mayoría cualificada de dos tercios de los votos.
Tal modelo democrático y participativo de toma de decisiones y de organización, que aúna las prioridades locales/regionales con la responsabilidad pan-planetaria, es fundamental para el funcionamiento de una Sociedad Globalmente Renovada en el sentido de los valores básicos descritos anteriormente, y al mismo tiempo una condición previa para la prevención de un hipotético desarrollo de estructuras autoritarias, o incluso de élites.[2]
[1] En este contexto «comparativo» se refiere a los parámetros ecológicos, técnicos y logísticos, y no como hoy en día a las ventajas competitivas (por ejemplo, los costes de mano de obra local, incentivos de inversión y fiscales).
[2] No obstante, cabe señalar que el riesgo de posibles abusos de poder (por ejemplo, en relación con el establecimiento de prioridades) o el surgimiento de estructuras autoritarias es mayor en la fase inicial de una nueva formación social, es decir, mientras que la nueva estructura de valores de la sociedad no esté todavía completamente consolidada por el condicionamiento social y la educación.